La Justicia ordenó el cese de la difusión de los audios de Karina Milei

Este lunes, tras el contundente revés electoral del oficialismo en Corrientes, la Justicia Federal dictó una medida que ordena el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente en los que aparece Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de Presidencia.

Según informó el portavoz presidencial Manuel Adorni, la resolución reconoce que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y aclara que no corresponde calificar el caso como libertad de expresión.El anuncio se produce luego de que el Gobierno denunciara ante la Justicia una operación de inteligencia ilegal con el objetivo de desestabilizar al país en plena campaña electoral.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, sostuvo el vocero presidencial a través de sus redes sociales.

Si bien la denuncia apunta a un presunto ataque externo, no se identificó a ninguna persona responsable del mismo, debido a la falta de pruebas concretas. Al mismo tiempo, la medida judicial no desmiente el contenido de los audios, que dejaron al descubierto indicios de corrupción y cobro de retornos que involucran a la hermana del Presidente y su entorno más cercano.

La filtración de estos audios había generado un fuerte impacto mediático y político, provocando cuestionamientos sobre la gestión del Gobierno y exponiendo internas en la Casa Rosada. En ese marco, la resolución judicial llega como un respaldo parcial a la defensa de la privacidad institucional y abre un nuevo capítulo en la investigación sobre las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina.

Con esta medida, el oficialismo intenta frenar la circulación de los registros y frenar el desgaste de imagen que tanto Javier como Karina Milei enfrentan desde que se conocieron los primeros audios. No obstante, la polémica sobre el contenido de las grabaciones y la implicancia de funcionarios en posibles retornos ilegales continúa generando debate en la opinión pública y mantiene la atención de la Justicia sobre el caso.

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