La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez contra la ejecución del decomiso de más de $684.990 millones en el marco de la causa Vialidad, y ratificó la competencia del Tribunal Oral Federal N°2 para avanzar con la medida.
El fallo, firmado este viernes por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmó que la ejecución patrimonial deriva directamente de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y tiene carácter estrictamente penal.
Las defensas habían cuestionado el alcance del decomiso y la competencia del tribunal. Sostuvieron que la medida excedía el ámbito penal y debía tramitarse en el fuero civil, o bien quedar absorbida por la unificación de condenas dictada por el TOF N°4, además de advertir una posible duplicidad sancionatoria.
La representación de Fernández de Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, alegó que el decomiso funcionaba como una “acción resarcitoria” ajena al proceso penal y que su aplicación vulneraba los principios de legalidad y derecho de propiedad. Por su parte, la defensa de Báez planteó que permitir la intervención de distintos tribunales generaría inseguridad jurídica.
Sin embargo, la Cámara reafirmó que el decomiso “es una herramienta indispensable para recuperar lo sustraído y desalentar la impunidad”, y desestimó los planteos de las defensas.
El tribunal también delimitó el alcance temporal del decomiso al período 2003–2015, al considerar que fue el lapso en el que se acreditó la maniobra criminal.
La resolución, que se enmarca en los compromisos internacionales de la Argentina en la lucha contra la corrupción, consolida la potestad del TOF N°2 para avanzar con la recuperación de los bienes involucrados.
