El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, advirtió que la eventual aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei podría enfrentar un nuevo y prolongado frente judicial, quedando bajo revisión durante meses o incluso años.
Rosatti señaló que el sistema argentino de control de constitucionalidad es "difuso", lo que permite a "cualquier juez" declarar la invalidez de una ley. Este esquema podría generar una suspensión práctica de la reforma en distintos juzgados del país.
El magistrado explicó que, si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema puede eventualmente "ordenar" estos fallos, el proceso "lógicamente lleva su tiempo". Esta dinámica implicaría la acumulación de decisiones contradictorias antes de alcanzar una unificación de criterio por parte del máximo tribunal.
En una entrevista con Perfil, el presidente de la Corte recordó que este escenario ya se vivió con un segmento de la reforma laboral previa incluida en la Ley Bases, la cual fue declarada inconstitucional por un juez del fuero laboral y aún espera una resolución definitiva de la Corte.
En ese marco, señaló que el sistema vigente no prohíbe que los jueces se aparten de la doctrina del máximo tribunal: “Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”, sostuvo.
Rosatti fue consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorporara una cláusula legal que obligue a los tribunales inferiores a acatar inmediatamente los fallos de la Corte. El magistrado respondió que los legisladores “como poder podrían” hacerlo, pero esa norma, a su vez, "sería cuestionada y llegaría a la Corte" para evaluar su constitucionalidad.
El presidente del máximo tribunal expuso el impacto práctico de la situación actual, al afirmar que “el 60% de las causas que nosotros resolvemos provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”. Añadió que si ese trabajo se redujera, el tribunal no tendría que "decir siempre lo mismo".
Para Rosatti, esta problemática va más allá de lo ideológico y se vincula con la necesidad de encontrar una solución funcional que evite que reformas estructurales, como la laboral, queden "atrapadas en un limbo judicial prolongado".
