Agostina Páez, la abogada argentina que fue detenida la semana pasada en Rio de Janeiro por racismo, quedó formalmente imputada por el delito de "insulto racial" y seguirá detenida en Brasil, informaron fuentes oficiales.
"El crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma", informó la Policía Civil de Río de Janeiro a través de un comunicado en la red social X en la que también se detalló que funcionarios de la 11a Delegación Policial de Rocinha dieron por concluida la etapa de investigación sobre los hechos registrados el miércoles 14 de enero.
Páez, de 29 años, fue retratada cuando lanzó un ataque verbal cargado de racismo contra el empleado de un bar, lo que en Brasil está tipificado como un delito grave en el marco de las políticas de tolerancia cero frente a actos de racismo y discriminación.
La santiagueña, a quien le retuvieron el pasaporte y le colocaron una tobillera electrónica, fue imputada el jueves de esta semana por las "ofensas racistas que profirió contra el trabajador de un bar de Ipanema", una de las zonas más populares para el turismo en Río de Janeiro.
Ahora, el caso quedó en manos del Ministerio Público de Río de Janeiro, que también investigará a la amiga de Páez por presunto falso testimonio dadas sus declaraciones para hacer zafar a la abogada.
Según Páez, el trabajador aludido en la denuncia avanzaba con dos acompañantes en dirección contraria a ella y su amiga, y les faltaron el respeto con gestos y señas.
"Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto", explicó la santiagueña, a lo que su abogado, Sebastián Robles, sumó que hay un nuevo material audiovisual que "desarma la idea de una conducta unidireccional y espontánea".
"Esto no borra el hecho, pero cambia el encuadre y refuerza la teoría de que hubo un conflicto bilateral, con una provocación previa del denunciante", explicó Robles sobre la situación procesal de Páez.
Mientras tanto, la abogada sigue en Brasil sin perspectiva de regresar a la Argentina porque la Justicia de Río de Janeiro aplicó medidas cautelares sin un plazo de tiempo determinado.
