Marcha de los jubilados: apartan a Bullrich del operativo de seguridad

La Justicia porteña hizo lugar a una medida cautelar y ordenó que sea el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que esté a cargo del operativo de seguridad de la próxima marcha de los jubilados a la que este miércoles se sumarán los gremios agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT), en la previa del paro nacional.

La medida fue tomada por el juez Roberto Gallardo, a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires.

Gallardo hizo lugar a recursos de amaro presentados por varios gremios nucleados a la CGT y a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quienes pidieron "evitar la participación de fuerzas federales" en el operativo de este miércoles.

De esta forma, el juez le ordenó al Gobierno de la Ciudad y a su jefe porteño, Jorge Macri, que se "abstenga" de validar la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, "en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad".

De esa manera, el magistrado sentenció que la administración de Macri sea la que esté a cargo del operativo de seguridad de este miércoles 9, delimitando el ámbito de intervención y jurisdicción en la Ciudad de las fuerzas federales que están a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Además, Gallardo ordenó que se garantice la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes en el ámbito porteño coordinando un operativo de seguridad que deje “sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión” y que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.

Gallardo aseguró que "no se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales" de las personas que asistan a la marcha.

"El riesgo invocado (lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la Ciudad) no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”, finalizó el juez porteño en su argumento.

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