Tras meses de discusión y audiencias públicas, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves la reforma a la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
El proyecto aprobado en la Cámara Baja determina qué áreas se consideran protegidas, especialmente en el ambiente periglacial, por lo que organizaciones ambientalistas denuncian que esto recorta la protección actual y "abre la puerta" a actividades extractivas (como la minería) en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas.
Por su parte, el oficialismo y gobernadores sostienen que la reforma aporta "sustento técnico" y seguridad jurídica para el desarrollo económico sin afectar los recursos hídricos vitales.
En una jornada clave para el sector minero, el bloque de La Libertad Avanza (LLA), respaldado por sus aliados habituales, consiguió dar inicio a la sesión especial en la Cámara de Diputados. El objetivo central es la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares.
La sesión comenzó a las 15:14 tras alcanzar el número exacto de 129 legisladores para habilitar el debate. El quórum fue el resultado de un armado transversal que incluyó a:
Oficialismo (LLA)
PRO y UCR
Bloques provinciales: Innovación Federal, Por Santa Cruz y Elijo Catamarca.
Legisladores independientes.
El proyecto llegó al recinto con el impulso de un dictamen de mayoría de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. Cabe señalar que obtuvo la media sanción previa del Senado (obtenida el 26 de febrero con 40 votos a favor).
Esta reforma es una demanda directa de los gobernadores de las provincias con mayor potencial minero:
Raúl Jalil (Catamarca)
Marcelo Orrego (San Juan)
Gustavo Sáenz (Salta)
Alfredo Cornejo (Mendoza)
Los mandatarios provinciales buscan flexibilizar la normativa vigente para armonizarla con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), apostando a que este cambio legal destrabe proyectos millonarios en las regiones del Norte y Cuyo.
Una modificación a la Ley de Glaciares permitiría la explotación de esas tierras para la minería, lo que consumiría los recursos naturales del país y generaría desde contaminación constante hasta peligros de desastres ecológicos provocados por la actividad humana.
Las audiencias públicas sobre el tema comenzaron luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazara dos medidas cautelares de organizaciones ambientales que pedían la expansión de la participación para que sea representativa.
Pero para la segunda audiencia pública ya estaba en claro que la sociedad civil rechaza la iniciativa libertaria: de los 95 expositores, 84 hablaron en contra y los 11 a favor fueron actores como tres funcionarios de la provincia de San Juan, un abogado de mineras y tres representantes de cámaras empresariales o gremios del sector.
También apoyaron el proyecto el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, y el representante de la asociación empresarial del rubro Gemera, Mario Hernández.
