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Podrían ir 6 años a prisión los más de 50 funcionarios que se inscribieron al IFE

Así lo confirmó la Fiscala Verónica Simesen, quien aclaró que incluso a quienes les fue rechazada la solicitud, cometieron el delito de defraudación al estado y son pasibles de sanción. Además, el Gobernador Sáenz les sugirió que renuncien a sus cargos y pidió a la Justicia “que actúe con máxima celeridad y todo el peso de la Ley”.

Salta 25 de julio de 2020
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Luego del escándalo que se desató por haberse descubierto que un importante número de funcionarios recibieron el pago del Ingreso Familiar de Emergencia y otros tantos que, si bien no cobraron, intentaron inscribirse, la Fiscala Penal Verónica Simesen explicó que los más de 50 “avivados” son pasibles de ser procesados por el delito de defraudación al estado, ya que sus cargos le otorgan la obligatoriedad de conocer las leyes: “La ley establece que no se puede acceder al beneficio siendo funcionario público”, manifestó.

La nueva fiscala de Derechos Humanos indicó que “primero vamos a investigar si los hechos denunciados son verídicos y veremos en qué concluye la investigación” e informó que “la sanción para este tipo de hechos merece una pena de 1 a 6 años de prisión”.

Si bien Simesen aclaró que “algunos no han cobrado pero están inscriptos”, desechó los argumentos que esgrimen algunos funcionarios que sostienen que realizaron el trámite virtual para comprobar su funcionamiento o incluso que realizaron la gestión para otras personas: “No sirve como excusa”, sentenció la fiscala, señalando que “el trámite y el beneficio son personales porque se requiere la clave única de la Seguridad Social por lo que es prácticamente imposible que se realice el trámite a terceros“ y que “los funcionarios no pueden desconocer lo que dice la ley y no debería haber entrado nadie a verificar el funcionamiento del trámite“.

La inscripción al IFE fue realizada (en algunos casos aprobada), por más de 50 funcionarios, siendo su mayoría concejales de una treintena de municipios, entre los que se destaca el Intendente de El Quebrachal, Rolando Rojas, lo que generó el enérgico repudio por parte de Gustavo Sáenz, quien catalogó de “miserable la actitud de aquellos concejales y políticos que utilizaron una herramienta como el IFE, creada con un fin noble y para los más afectados por la pandemia, para su propio beneficio“.

Además, el Gobernador le pidió a la Justicia “que actúe con máxima celeridad y con todo el paso de la Ley” y exigió que “por vergüenza, los que hicieron esto y no puedan demostrar lo contrario, ¡deberían renunciar a sus cargos!“.

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