Los incidentes registrados este domingo durante la 17ª edición de la carrera de trail running Doble Apolo, en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, volvieron a poner de manifiesto un profundo conflicto territorial en la región, que en este caso involucra al municipio de General Roca y a la comunidad mapuche Leufuche.
Durante la competencia, un grupo de jinetes interceptó a los corredores y utilizó piedras, fustas y boleadoras para impedir su avance. Hubo al menos dos participantes heridos.
Alejandro Pellegrini y Pablo González, responsables de la empresa organizadora Multieventos del Valle, aseguraron contar con todas las autorizaciones necesarias de la municipalidad, Vialidad Rionegrina y propietarios de campos linderos. También afirmaron que el ataque contra los corredores fue “premeditado”.
Desde la Confederación Mapuche de Neuquén, en tanto, señalaron que “los que organizan y hacen su negocio, a pesar de todos los reclamos realizados, autorizan irresponsablemente sin tener en cuenta que atraviesan territorios comunitarios ya castigados por el abandono del Estado”. A su vez, integrantes de la comunidad mapuche Leufuche sostuvieron que lo ocurrido es consecuencia de años de “violaciones sistemáticas” a sus derechos territoriales por parte del municipio de General Roca y del Gobierno de Río Negro.
Además, señalaron que enfrentaron denuncias civiles y penales que fueron resueltas a su favor en la Justicia. “Históricamente hemos luchado y protestado por la creación de un área protegida (que está bastante desprotegida y expoliada) dentro de nuestro territorio sin la Consulta Previa Libre e Informada, como así también por la entrega de nuestro territorio en los años 90 a la empresa Escorihuela. Denunciamos que todas estas políticas estatales, tanto del gobierno provincial de Alberto Weretilneck como del municipal de María Emilia Soria, son claramente violatorias de los derechos indígenas, del plexo normativo internacional y de la Constitución Nacional, además de racistas y antimapuche. Lamentamos profundamente que los hechos de este domingo se hayan desencadenado de esta manera y que las víctimas de este negocio de las carreras sean los corredores y nuestra comunidad mapuche”.
La lof Leufuche, integrada por siete familias y con personería jurídica reconocida, sostiene que la carrera se desarrolló íntegramente dentro de su territorio comunitario sin que se realizara un proceso de consulta previa, libre e informada.
Los reclamos de la comunidad, que habita la zona desde hace más de cien años, se centran en el impacto que estos eventos masivos tienen sobre su vida cotidiana y su sustento económico, basado en la cría de animales. Según denunciaron en un comunicado, durante los últimos 18 años la competencia deportiva provocó el cierre de accesos a sus puestos, el atropello de animales y la pérdida de ganado que, espantado por el ruido y el movimiento, cae por las bardas. Además, señalaron que las únicas bajadas de agua para sus vacas son utilizadas como parte del circuito de la carrera.
El clima de tensión tiene sus raíces en la creación del Área Natural Protegida en 1997, concebida por el municipio de General Roca como un espacio exclusivamente turístico y recreativo para los habitantes de la ciudad.
Según distintas investigaciones sobre el área, ese proceso de institucionalización no definió con claridad las formas de convivencia entre las actividades recreativas y las productivas de la comunidad Leufuche, lo que derivó en un conflicto permanente y en un proceso constante de negociación por el uso del suelo.
Tras los incidentes, Pellegrini afirmó que el sector es “tierra fiscal con manejo del municipio” y que, si bien la comunidad tiene tenencia para la crianza de animales, eso no le otorga un derecho de uso exclusivo que le permita impedir actividades públicas.
En redes sociales, personas que suelen participar en carreras de trail running respaldaron los planteos de la comunidad mapuche, aunque repudiaron la violencia ejercida contra quienes se habían inscripto en la actividad.
Mientras la organización de la carrera anunció que recurrirá a la Justicia para denunciar las agresiones, la comunidad Leufuche reafirmó que continuará defendiendo su “derecho a la gobernanza y autonomía” dentro de su territorio y exigió que cualquier actividad futura cuente con su consentimiento explícito.
