El diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto que busca crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital para poder cobrar una alícuota del 3% y, según indica el texto, destinar ese dinero a la realización de obras en las provincias y municipios en áreas como salud, discapacidad, educación, jubilaciones y PAMI.
A través de un comunicado, el legislador indicó que la alícuota del 3% se aplicará a "toda operación que implique la salida efectiva de capitales del país, ya sea en forma de divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de manera directa o indirecta por los sujetos alcanzados".
Según explicó: "Cada dólar, acción o activo digital que se traslada fuera del territorio nacional sin generar inversión, empleo ni valor agregado, representa una pérdida de capacidad soberana", por lo que el objetivo del gravamen es fijar “un mecanismo compensatorio frente a las salidas de capital que deterioran las reservas internacionales, desfinancian al Estado y agravan la desigualdad estructural".
El proyecto contempla la suma de una alícuota del 2% cuando la transferencia sea hacia un destino “de baja o nula tributación”.
¿Cómo se repartirán los fondos?
Los fondos se distribuirán de la siguiente manera: un “60% para las provincias y municipios (obras de infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, de vivienda y vial, y recomposición salarial en salud y educación); 10% (para) salud y discapacidad; 10% (para) educación; 10% (para) jubilaciones y pensiones; 10% (para) medicamentos y atención médica de PAMI”.
El líder de La Cámpora aseveró que se recaudarán como mínimo 2,89 billones de pesos, cifra que -según precisó- “equivale a diez veces lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital".
Y añadió que entre 2023 y 2025, “las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y municipios se redujeron un 8,4% en términos reales, mientras que las no automáticas, que comprenden buena parte de los recursos destinados a obra pública, programas, convenios y asistencia territorial, cayeron un 72,8%”.
Aclaró que la propuesta no "incluye la tenencia de dólares de los argentinos y argentinas; no grava el consumo, el ahorro interno y la inversión productiva; tampoco están incluidas las compras de bienes que ingresan regularmente al país (siempre que sean importaciones genuinas, documentadas y trazables); también quedan excluidas la compra de dólares, bonos, Cedears o fondos, (siempre que los activos permanezcan en la Argentina)".
