Causa Vialidad: la Cámara de Casación rechazó el pedido de Máximo y Florencia Kirchner para frenar el decomiso de bienes

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por Máximo y Florencia Kirchner, junto con los de las sociedades Hotesur y Los Sauces, para intentar frenar el decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad. La decisión fue tomada por unanimidad y cerró la posibilidad de que los planteos lleguen a la Corte Suprema por esta vía.

El debate se da en el marco de la ejecución patrimonial de la condena contra Cristina Kirchner, cuya sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025. La expresidenta recibió seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y el monto actualizado del decomiso llega a $684.990 millones.

Qué reclamaban Máximo y Florencia Kirchner para frenar el decomiso

Los hijos de la expresidenta habían pedido suspender el incidente de ejecución y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema resolviera una queja pendiente relacionada con el decomiso. Entre sus argumentos, plantearon que se avanzaba sobre el patrimonio de personas que no habían sido condenadas y cuestionaron que no se les otorgara una suspensión similar a la concedida en otro expediente civil.

Por su parte, Hotesur y Los Sauces pidieron intervenir en el procedimiento para defender sus bienes. Ambas sociedades tienen 13 inmuebles embargados por orden del Tribunal Oral Federal N° 2, que lleva adelante la ejecución de la sentencia.

Los planteos ya habían sido rechazados por Casación el 8 de octubre. Luego, los recurrentes presentaron recursos extraordinarios para intentar llevar la discusión ante la Corte Suprema.

Los argumentos de Casación para rechazar los recursos

En sus presentaciones, Máximo y Florencia Kirchner y las sociedades denunciaron arbitrariedad y sostuvieron que se habían vulnerado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, defensa en juicio y propiedad. También solicitaron una medida cautelar para suspender la ejecución del decomiso sobre sus bienes.

Sin embargo, los jueces entendieron que los recursos no cumplían los requisitos necesarios para habilitar la instancia extraordinaria. En particular, señalaron que no se había acreditado un perjuicio irreparable ni una relación directa entre las garantías constitucionales invocadas y la decisión cuestionada.

Además, descartaron que existieran defectos graves o una situación de gravedad institucional que justificara la intervención de la Corte. De esta manera, los planteos quedaron sin posibilidad de avanzar hacia el máximo tribunal por esta vía.

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