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title: "Pensiones por invalidez: Fiscalía argumentó arbitrariedades, irregularidades y destrato institucional"
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description: "En la presentación ante la Corte Suprema se señala que el Estado nacional, además de desamparar a los más vulnerables, utilizó un acto de gobierno para generar mayor exclusión, en un contexto marcado por denuncias de corrupción en el manejo de fondos destinados a la discapacidad."
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date_published: "2025-09-12T13:36:00-03:00"
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tags:
  - "ANDIS"
  - "Discapacidad"
  - "Gobierno de Salta"
  - "Gobierno Nacional"
  - "Gustavo Sáenz"
  - "Javier Milei"
  - "Medida Cautelar"
category_name: "Salta"
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# Pensiones por invalidez: Fiscalía argumentó arbitrariedades, irregularidades y destrato institucional

![103815-pensiones-por-invalidez-fiscalia-argumento-arbitrariedades-irregularidades-y-destrato-institucional](/download/multimedia.normal.974cf9fe0a286ef9.bm9ybWFsLndlYnA=.webp)

La **Provincia de Salta** a través de la **Fiscalía de Estado a cargo de Juan Agustín Pérez Alsina**, presentó a la Corte Suprema una **Acción de Amparo** contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La acción instruida por el **gobernador Gustavo Sáenz**, también solicita una **Medida Cautelar y pedido de audiencia pública**.

Por el escrito se busca restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez en la provincia de Salta, las cuales se considera que fueron suspendidas en procedimientos arbitrarios e irregulares, con evidentes faltas de transparencia en los procedimientos aplicados por el Estado nacional, que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad extrema.

Además, se requiere el inmediato restablecimiento y pago retroactivo de las pensiones suspendidas. También, que se adopten medidas urgentes para garantizar un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Por último, se cite a audiencia pública con participación de las partes a los fines informativos y conciliatorios.

La demanda se fundamenta en la suspensión masiva de 129 pensiones en julio de 2025 y las irregularidades detectadas en las auditorías de la ANDIS.

La Provincia alega que los procedimientos fueron "arbitrarios, carentes de sustento normativo y violatorios de derechos fundamentales", y destaca que la ANDIS se negó a proporcionar información nominal de los beneficiarios y los procedimientos detallados de las suspensiones.

Entre las anomalías denunciadas, se mencionan la falta de notificación previa a los beneficiarios, el uso de criterios dispares en las evaluaciones médicas, y la realización de auditorías por personal sin la debida habilitación profesional.

La Provincia también señala el destrato institucional hacia los organismos locales y los propios beneficiarios, quienes se vieron obligados a recorrer largas distancias para trámites que no se concretaban.

La presentación de Salta sostiene que las acciones del gobierno nacional **no sólo incumplen la obligación de proteger a los grupos vulnerables, sino que además agravan su situación**, afectando directamente su derecho a la vida, la salud y la dignidad humana.

En este sentido, la **Fiscalía de Estado** considera que se trata de una medida con fines fiscalistas que atropella los derechos de los ciudadanos.

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**Secretaria de Prensa y Comunicación Salta**

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