Ministerio Publico Fiscal Salta

La UDEC investiga una serie de ejecuciones judiciales iniciadas contra compradores y garantes de operaciones con vehículos. La causa apunta al presunto uso de pagarés cuestionados y domicilios desconocidos por los demandados.

Las sustancias fueron encontradas durante un allanamiento realizado en el marco de otra investigación. UFINAR lo imputó por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y obtuvo su prisión preventiva.

El hecho ocurrió en octubre de 2024, cuando personas desconocidas, de forma organizada y con reparto de roles, irrumpieron en una vivienda y sustrajeron una cuantiosa suma de dinero en pesos argentinos y en moneda extranjera. Dos hombres ya fueron condenados en julio de 2025.

Una integrante de la Policía denunció haber sido engañada para entregar dinero a cambio de gestionar un cambio de destino dentro de la fuerza. La investigación permitió vincular las transferencias con una agente policial y un hombre.

La intervención se inició tras la denuncia de una mujer que habría sido agredida físicamente y sometida sexualmente por su pareja. La víctima logró pedir ayuda y el acusado fue detenido.

Tras una discusión, el imputado habría agredido a golpes a la mujer con la que mantenía una relación de pareja, causándole lesiones que fueron constatadas. 

Habrían adquirido once vehículos vinculados a las maniobras investigadas. Los informes incorporados a la causa revelaron inconsistencias entre su capacidad económica y el valor de los rodados. Todos fueron asistidos por abogados del mismo estudio jurídico y se abstuvieron de declarar. Para este martes 8 está prevista una nueva audiencia con el principal investigado por las estafas.

El hecho ocurrió en abril de 2024 y los imputados son dos hombres oriundos de Jujuy y uno de Buenos Aires. Con el acuerdo de la querella, se acordó el pago de una suma de dinero en concepto de reparación.

Una integrante de la Policía denunció haber sido engañada para entregar dinero a cambio de gestionar un cambio de destino dentro de la fuerza. La investigación permitió vincular las transferencias con otra agente y un hombre, quienes fueron detenidos y serán imputados por estafa y extorsión.

La investigación se inició tras un procedimiento policial en el que se secuestraron marihuana y una sustancia compatible con pasta base. Días después, un allanamiento en una vivienda de la localidad, permitió incautar más estupefacientes.

A requerimiento de la Unidad Fiscal, se dispuso librar un exhorto para que la Justicia francesa autorice el análisis de tres muestras biológicas preservadas en el CIF. Se busca obtener perfiles o datos genéticos para avanzar en la investigación.

Mientras se da cumplimiento a numerosas medidas dispuestas para esclarecer lo sucedido, el fiscal Rodríguez López se reunió con los familiares de la víctima para ponerlos al tanto del avance de la investigación. 

Su ausencia había sido denunciada por sus familiares el 18 de agosto. Tras un intensivo operativo desplegado durante los últimos días, fue localizado sin vida en un sector de frondosa vegetación conocido como La Loma.

Reconoció que no entregó a dos beneficiarias dinero depositado en el Juzgado de Paz. La Corte de Justicia había allanado su inmunidad y lo había suspendido del cargo en diciembre pasado. Ahora fue condenado a un año de prisión condicional, dos años de inhabilitación y deberá devolver $690 mil.

Tras el hecho de violencia, donde la mujer resultó lesionada, logró escapar del domicilio y radicar la denuncia.

La investigación se inició en 2021, tras detectarse la venta no autorizada de actas que eran obtenidas a través de personal del organismo. Por los hechos se encuentran imputados un asesor jurídico, dos empleados de Archivo y un permisionario de estacionamiento medido.

El hombre conducía el automóvil en el que se desplazaba junto a otras dos personas que se llevaron el rodado tras recorrer varias veces la zona. Las cámaras de seguridad permitieron vincularlo con el hecho.

Captaba dinero bajo la promesa de obtener elevados rendimientos semanales. Fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional y deberá abonar $35 millones como compensación económica a las víctimas. Un inmueble permanecerá embargado hasta completar el pago.

El hombre fue denunciado por un hecho que habría vulnerado la integridad sexual de una niña de cinco años. Desde la Fiscalía se dispusieron distintas medidas para avanzar con el esclarecimiento de lo sucedido.

La investigación se inició a partir de alertas de conductores sobre un supuesto control vehicular instalado en la ruta provincial 5, donde tres personas vestidas con uniformes policiales exigían dinero a cambio de no afectar la mercadería transportada. Al intervenir personal policial, se constató que se trataba de efectivos en funciones y que el operativo no había sido autorizado.

El aparato se encontraba en un inmueble que ocupaba en comodato. Según la investigación, habría reconocido que lo vendió sin autorización de su propietario.

Fue detenido durante un allanamiento en el marco de una investigación de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia. En el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos que son analizados para el resguardo e incorporación de evidencia digital a la causa.

La investigación permitió identificar a uno de los principales sospechosos y establecer que se encontraría en Bolivia. El fiscal solicitó su captura y detención nacional e internacional por robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda. También requirió que la medida sea incorporada al SIFCOP y que se tramite una Notificación Roja de INTERPOL.

En un contexto de violencia sostenida dentro de la relación de pareja, la mujer lo lesionó con un arma blanca y el hombre falleció días después como consecuencia de las complicaciones derivadas de la herida.