La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado, en la que tres hombres fueron condenados por el delito de peculado. Dos de ellos eran empleados de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT).
El juez de la Sala 3 del Tribunal de Juicio, Pablo Farah, homologó el acuerdo alcanzado entre las partes, con el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados. Sergio Gonzalo Musso fue condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua. José Fernando Carrasco (autor) y Guillermo Sebastián Villafañe (partícipe necesario) recibieron la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.
La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, quien advirtió la desaparición de un automóvil secuestrado en una de las playas del organismo. Al revisar las cámaras de seguridad, observó cómo un hombre se presentó con un papel, lo entregó al guardia y retiró el vehículo. Luego se comprobó que la orden de liberación había desaparecido y que los expedientes de entre 148 y 160 vehículos confiscados habían sido eliminados del sistema informático.
Los investigadores de UDEC establecieron que Musso, inspector de la AMT, encabezaba las maniobras con fines de lucro personal, en complicidad con Carrasco, empleado de la Mesa de Entradas. Ambos captaban a las víctimas, propietarios de autos secuestrados por prestar servicios ilegales de transporte (remises no habilitados o Uber), a quienes exigían entre 30.000 y 40.000 pesos a cambio de una orden de liberación con la que podían retirar sus rodados.
En la operatoria también intervenía Villafañe, quien no pertenecía a la planta de personal de la AMT, pero se encargaba de recibir el dinero en efectivo y entregar las órdenes falsas, en coordinación directa con Musso, quien facilitaba su contacto a las víctimas.
La investigación de UDEC permitió reunir pruebas y establecer la mecánica utilizada para la entrega irregular de vehículos, lo que generó un perjuicio a las arcas provinciales.
