El ajuste sin estallido: crecen los planes sociales mientras caen salarios y empleo

Mientras el empleo formal y las jubilaciones perdieron de manera sostenida frente a la inflación, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que lograron crecer en términos reales durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei.

En contraste con el relato libertario, el análisis del gasto público revela que los planes sociales fueron el único rubro que creció de manera sostenida en estos dos años, tanto en cobertura como en términos reales. No es un dato menor que el peor momento del poder adquisitivo de la AUH se haya registrado en 2023, durante el último tramo de la gestión de Alberto Fernández, una referencia clave para entender parte del revés electoral del peronismo.

Según fuentes oficiales citadas por La Política Online, a diciembre de 2025 la AUH alcanza a 4.114.513 titulares —incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad—, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. En conjunto, se trata de más de seis millones de planes sociales, una cifra récord que refleja un proceso de creciente latinoamericanización de la Argentina, cada vez más alejada del perfil de país de clase media que predominó hasta la década del setenta.

A diferencia de estas partidas, el resto de las variables muestra un deterioro marcado: el salario mínimo perdió poder adquisitivo de forma sostenida y hoy apenas cubre una fracción de la Canasta Básica Total, según un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral.

El ajuste sin estallido

Esta combinación permite comprender uno de los datos políticos centrales del inicio de la gestión libertaria, que es que no hubo un estallido social pese a la profundidad del ajuste porque, lejos de eliminar la asistencia, Javier Milei avanzó en dos direcciones simultáneas: desplazó a las organizaciones sociales del rol de intermediarias y reforzó las transferencias directas del Estado hacia los beneficiarios.

El recorrido histórico resulta ilustrativo. En 2015, Cristina Kirchner dejó el poder con alrededor de 250 mil planes sociales, cifra que Cambiemos utilizó como uno de sus principales argumentos de campaña bajo el estigmatizante rótulo de "los planeros". Sin embargo, durante la presidencia de Mauricio Macri la asistencia social se expandió con fuerza y alcanzó cerca de 1,5 millones de beneficiarios, según datos del Observatorio de la Fundación del Plata. Más tarde, con Alberto Fernández y el impacto de la pandemia, la cifra trepó a cuatro millones, un nivel que no solo no se redujo sino que se profundizó durante el gobierno de Milei, aun sin la emergencia sanitaria.

En paralelo, la política de ingresos destinada a la infancia alcanzó niveles históricamente elevados en términos reales. Durante la actual gestión, la AUH es un 23% superior a la que se pagaba bajo la presidencia de Alberto Fernández y un 10% más alta que la vigente durante el gobierno de Cristina Kirchner, creadora del programa.

La mejora se explica, en gran parte, por un aumento extraordinario: en la comparación interanual, la AUH registró una suba real del 47%. Según la medición que utiliza el propio Gobierno, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 el incremento fue cercano al 100%, una variación excepcional que consolidó a la política social como el principal amortiguador del modelo en un contexto de fuerte deterioro salarial, provocado por la devaluación del 120% de diciembre de 2023, cuyos efectos no llegaron a revertirse.

Salarios en caída, asistencia en alza

La paradoja del modelo libertario se vuelve aún más evidente al observar la evolución del mercado laboral. En los dos primeros años de gestión se perdieron cerca de 180 mil empleos formales, una tendencia que se aceleró en los últimos meses: solo en octubre se destruyeron alrededor de 70 mil puestos de trabajo.

Mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y la reducción del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se consolidó como uno de los pilares de la gobernabilidad.

El diagnóstico se refuerza con los datos de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI), su monitor de economía popular muestra que, a diferencia de los salarios, las transferencias sociales no fueron licuadas por la inflación durante el gobierno de Milei. Aun con las mejoras registradas, la AUH y la Tarjeta Alimentar continúan cubriendo solo una porción limitada de la Canasta Básica Total, por lo que no sacan a los hogares de la pobreza, pero sí logran contener el umbral alimentario, un dato clave para comprender la ausencia de un conflicto social generalizado.

El rol de las provincias

Una parte de la contención social también recayó en las provincias, otro de los sectores afectados por el ajuste nacional. En Santa Fe, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social confirmaron que durante 2025 la demanda alimentaria creció alrededor de un 30 %. A través de programas como la Tarjeta Única de Ciudadanía, la Tarjeta Institucional y ProSoNut, la asistencia alcanza a 246.153 personas en 177 localidades, con una inversión mensual superior a los 3.800 millones de pesos, reforzada durante las fiestas con una partida extraordinaria de 3.200 millones.

Como sintetiza un reciente análisis de Data Gremial, el modelo libertario avanzó con fuerza sobre los salarios, el empleo y las jubilaciones, pero preservó la asistencia directa. En términos simples, la política social funcionó como un dique de contención frente a la indigencia, mientras el costo del ajuste recayó sobre el trabajo.

Una paradoja que deja al descubierto que, lejos de desaparecer, los planes sociales se consolidaron como uno de los principales anclajes de estabilidad del experimento libertario.

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