La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, abrió decreto de imputación a 53 docentes, quienes habrían presentado certificados apócrifos para incrementar puntaje en concursos y procesos de designación de cargos en el Ministerio de Educación de Salta.
En la misma causa, el miércoles pasado dos mujeres fueron detenidas e imputadas provisionalmente por los delitos de falsificación de instrumento privado, en concurso ideal con fraude a la administración pública, y asociación ilícita, en concurso real.
Durante la audiencia, ambas fueron asistidas por abogados particulares. Una de ellas hizo uso de su derecho a no declarar ni contestar preguntas de la Fiscalía, mientras que la otra declaró y aseguró que ella también era víctima.
La intervención de UDEC se inició el 17 de diciembre de 2025 a partir de la denuncia del Secretario de Gestión Educativa quien advirtió que una auditoría interna había detectado una maniobra masiva de incorporación de certificados presuntamente apócrifos en procesos de valoración docente. Sobre 292 unidades educativas auditadas, se identificaron 291 inscripciones con documentación irregular, 286 registros adulterados y 237 docentes involucrados, en un sistema donde las Juntas Calificadoras comparten base de datos, lo que amplificó el perjuicio.
Por disposición de la fiscal Salinas Odorisio, personal de la Unidad de Investigación UDEC del CIF requirió documentación y avanzó con tareas de campo, entrecruzamiento de datos y análisis bancarios e informáticos. Se estableció que los docentes eran captados a través de Facebook mediante perfiles como “Cursos Educar” o el alias “Ana Guzmán”, donde se ofrecían diplomaturas con puntaje supuestamente avaladas por instituciones reales. Tras pagos de entre $95.000 y $360.000, recibían certificados en PDF con firmas y sellos escaneados.
El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que la mayoría de los números de registro no existían en bases oficiales, con duplicaciones y numeraciones inexistentes. A partir de pericias sobre conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, informes telefónicos y movimientos bancarios, se individualizó a tres personas con roles definidos: una docente del sur provincial encargada de la captación y cobro; otra mujer en el norte que brindaba soporte y canalizaba consultas bajo identidad ficticia; y un hombre radicado en San Carlos de Bariloche señalado como administrador digital y receptor de fondos.
Hasta el momento, la investigación determinó que 53 docentes mejoraron su orden de mérito y 9 accedieron a horas cátedra con documentación apócrifa.
Desde UDEC se informó que continúa la investigación sobre otros certificados denunciados.
