La jueza de la Sala 2 del Tribunal de Impugnación, Edith Rodríguez, hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y rechazó el pedido de libertad de Cynthia Elizabeth del Valle Moya, quien se encuentra próxima a ser juzgada como jefa u organizadora de una asociación ilícita por 849 hechos de estafa y 849 falsedades de instrumento privado, en concurso ideal.
El fiscal de Impugnación 3, Ramiro Ramos Ossorio, se opuso al requerimiento de la defensa de otorgar medidas sustitutivas de la prisión preventiva y sostuvo que correspondía mantener la restricción de la libertad en función de la gravedad de los hechos investigados.
En ese sentido, argumentó que resulta necesario garantizar la protección de las víctimas y evitar que la eventual concesión de un beneficio procesal derive en una situación que pueda implicar provecho para la imputada. Asimismo, señaló que la magnitud del caso, que involucra a 849 damnificados, trasciende el interés individual y configura una afectación concreta del orden público, circunstancia que debe ser evaluada al momento de resolver sobre la situación procesal de la acusada.
En esa línea, Ramos Ossorio indicó que el criterio adoptado encuentra sustento en antecedentes de la jurisprudencia nacional en casos de significativa repercusión social, donde se ha considerado el impacto de las decisiones judiciales en la comunidad.
Finalmente, el Fiscal remarcó que la eventual liberación de Moya podría generar un efecto negativo en la percepción social de la justicia y frustrar el derecho de las víctimas a obtener una respuesta adecuada por parte del sistema judicial.
