Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política y social de los últimos años. Este jueves, una nueva jornada de protestas terminó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Plaza Murillo, en La Paz.
En medio de un clima cada vez más caliente contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, la movilización reunió a sectores campesinos, mineros, organizaciones indígenas y trabajadores rurales que marcharon hacia el centro político del país para reclamar un cambio de rumbo y exigir la salida del mandatario. Según mostraron distintos medios bolivianos y cadenas internacionales, el operativo policial incluyó gases lacrimógenos y un fuerte despliegue para impedir el avance de las columnas hacia la sede del Gobierno.
Las escenas volvieron a mostrar corridas, personas escapando del gas y momentos de enorme tensión en pleno centro paceño. “Queremos que se vayan”, gritaban algunos manifestantes durante la protesta. Otro de los reclamos que se escuchó con fuerza fue: “Nosotros lo pusimos ahí y también nosotros vamos a sacarlo”.
La situación ya dejó de ser únicamente un conflicto político y empezó a transformarse en una crisis de impacto nacional. Los bloqueos y protestas llevan más de dos semanas en distintos puntos del país y afectan rutas estratégicas, el abastecimiento de combustible, el transporte de alimentos y hasta el funcionamiento del sistema sanitario.
Uno de los episodios más dramáticos informados en las últimas horas fue la muerte de un niño de 12 años que no pudo ser trasladado a tiempo en ambulancia debido a los cortes de ruta. El caso generó conmoción en Bolivia y expuso el nivel de colapso que empieza a atravesar parte del país.
Desde el Ministerio de Salud boliviano reclamaron la creación urgente de “corredores humanitarios” para permitir el paso de ambulancias, medicamentos y suministros médicos. Además, trabajadores de hospitales denunciaron faltantes de oxígeno, suspensión de operaciones y complicaciones crecientes para sostener la atención en centros públicos.
Mientras tanto, las protestas ya se extendieron a departamentos clave como Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz. En paralelo, distintos sectores empresariales alertaron por pérdidas millonarias derivadas de los bloqueos y la paralización de actividades económicas.
El Gobierno, por su parte, acusa a sectores vinculados al expresidente Evo Morales de impulsar parte de las protestas y de intentar desestabilizar la gestión actual. Del otro lado, manifestantes y organizaciones sociales denuncian represión policial y sostienen que existe un fuerte deterioro económico y social que empujó las movilizaciones.
