La fiscal civil, comercial y laboral del Distrito Judicial del Norte–Tartagal, Rosa Vélez Román, presentó una nueva contestación hacia la Cámara de Apelaciones en el marco del proceso judicial que desde hace años impulsa el Ministerio Público Fiscal para exigir el cumplimiento del plan de recomposición ambiental comprometido por miembros de la familia Karlen tras los desmontes ilegales registrados en el departamento San Martín.
La presentación responde a la cuarta apelación promovida por los demandados contra distintas resoluciones dictadas durante la ejecución de la causa, en la que se procura garantizar la restauración ambiental de los inmuebles afectados. El origen del proceso se remonta a actividades del año 2013.
El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente ante la Procuración General de la Provincia de Salta el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre las aproximadamente 16 mil hectáreas de su finca, incluyendo las 11 mil hectáreas desmontadas ilegalmente, e integrar en esa solución a las comunidades indígenas y familias criollas asentadas en la zona. El acuerdo fue homologado judicialmente el 3 de diciembre de 2018.
Desde entonces, la fiscal Vélez Román impulsó de manera permanente el cumplimiento de ese compromiso mediante intimaciones, inspecciones técnicas realizadas junto a profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección General de Bosques y el INTA, sin que se verificaran avances suficientes en la recomposición comprometida.
La causa registra numerosos planteos defensivos formulados por los demandados Karlen a lo largo de los años, todos ellos rechazados por la Justicia.
En 2015, durante el interinato del fiscal Gonzalo Ariel Vega, la Fiscalía Civil contestó diversas apelaciones contra la ampliación de la medida cautelar ambiental que recaía sobre los catastros involucrados, rechazándose los cuestionamientos.
Posteriormente, en 2016, la entonces fiscal Griselda Beatriz Nieto sostuvo la ampliación de la cautelar frente a nuevas defensas de los demandados, entre ellas excepciones de falta de legitimación pasiva, litispendencia, prescripción e impugnaciones contra los peritos, todas resueltas favorablemente para la Fiscalía.
En 2018, la fiscal Vélez Román intimó nuevamente al cumplimiento del convenio y, ante la persistencia del incumplimiento, solicitó la imposición de astreintes, medida que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal en 2020. Los posteriores planteos de nulidad también fueron rechazados.
Asimismo, la Fiscalía de Cámara a cargo de Ramiro Michel Cullen intervino en un recurso vinculado a un planteo de caducidad de instancia promovido por los demandados, que fue desestimado por la Cámara de Apelaciones el 27 de septiembre de 2023.
En 2024, el Juzgado resolvió avanzar con la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijando una suma líquida y exigible de 67.920.000 pesos correspondiente a diciembre de 2023. Esa decisión también fue apelada por la parte demandada, pero la Cámara Civil rechazó el recurso el 16 de diciembre de 2025.
Durante 2026, el Procurador General de la provincia, Pedro García Castiella, junto con la fiscal Vélez Román, solicitaron ampliar el embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo desde más de 171 millones de pesos hasta 21.805 millones de pesos, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para eventuales tareas de restauración ambiental de ejecución forzada. El pedido fue admitido por el Juzgado.
Frente a esa resolución, los Sres. Karlen volvieron a apelar. En esta oportunidad, además de cuestionar la ampliación del embargo, solicitaron que se deje sin efecto todo el proceso judicial, no obstante haber acordado en él. Argumentan que la nueva legislación provincial sobre bosques les permitiría actualmente realizar desmontes.
La nueva y reciente contestación de la fiscal Rosa Vélez Román sostiene que ese planteo carece de sustento jurídico. En su presentación realiza un análisis de la legislación nacional y provincial en materia ambiental y reafirma que la obligación de recomponer el daño subsiste, independientemente de eventuales modificaciones normativas.
Además, destaca que la nueva ley provincial distingue expresamente los desmontes ilegales mediante una categoría específica de protección y remarca la plena vigencia del principio de no regresión ambiental, previsto tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
La resolución definitiva sobre esta nueva apelación quedará ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia.
