En representación de la Fiscalía Penal de Cafayate, el auxiliar fiscal Juan Pablo Miralpeix formalizó la imputación contra un hombre de 32 años, como presunto autor de dos hechos de incendio doloso, previstos en el artículo 186 del Código Penal, en concurso real.
La investigación se inició a partir de dos incendios registrados el 13 de mayo y el 7 de junio de 2026 sobre un sector de bosque nativo y pastizales ubicado en la matrícula catastral N.º 6524, propiedad de Finca El Monte S.A., en inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque, en la ciudad de Cafayate. En ambos episodios debieron intervenir Bomberos Voluntarios, Brigadistas Forestales, efectivos de la Policía de la Provincia y vecinos, quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar su propagación hacia otros sectores del predio.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, durante la investigación se logró reunir un conjunto de elementos de convicción que permitieron atribuir provisoriamente la autoría de ambos hechos al imputado. Entre ellos se encuentran denuncias, declaraciones testimoniales, informes de la División Brigada de Investigaciones N.º 6, relevamientos del lugar, registros audiovisuales, análisis de telefonía celular, georreferenciación de dispositivos móviles, impactos de antenas e individualización del vehículo que habitualmente utilizaba, además de otras diligencias técnicas ordenadas por la Fiscalía.
La investigación también permitió establecer, siempre según la hipótesis fiscal, que el acusado frecuentaba habitualmente el sector donde se produjeron los incendios para realizar extracción de leña, conocía los caminos internos del predio y mantenía conflictos vinculados con la utilización de esos terrenos. Asimismo, distintos testimonios incorporados al legajo refieren que el imputado habría reconocido su participación en el incendio ocurrido en mayo y manifestado su intención de volver a provocar otro en el mismo lugar, circunstancias que fueron consideradas junto al resto de las evidencias reunidas.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva al señalar que el imputado registra una condena de ejecución condicional dictada en octubre de 2025, que existen riesgos procesales y que aún restan producir diversas medidas probatorias, entre ellas relevamientos y recepción de testimonios. Por su parte, la defensa particular negó la participación del acusado en los hechos.
Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías tuvo por formalizada la imputación y dispuso la prisión preventiva por el plazo de 30 días, bajo la modalidad de arresto domiciliario, además de imponer como medida de coerción la prohibición de mantener comunicación con cualquier persona vinculada a los hechos investigados.
