La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, solicitó una medida cautelar de prohibición de innovar sobre un inmueble afectado por dos incendios de gran magnitud ocurridos este año, con el objetivo de preservar el estado del predio y garantizar la aplicación de la legislación ambiental mientras avanza la investigación penal.
El Juzgado de Garantías de Cafayate hizo lugar al planteo y dispuso la prohibición de innovar respecto del inmueble identificado con la Matrícula Catastral N.º 6524, propiedad de Finca El Monte S.A., ordenando además su anotación registral. Asimismo, prohibió toda subdivisión, fraccionamiento, loteo, urbanización, parcelamiento, cambio de destino o uso del suelo, transferencia destinada a esos fines, constitución de nuevos derechos reales, autorizaciones administrativas y cualquier otra modificación material o jurídica que altere el estado actual del predio. La resolución advierte que el incumplimiento de la medida podrá configurar el delito de desobediencia judicial.
La solicitud fue presentada en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía Penal de Cafayate por los incendios registrados los días 13 de mayo y 7 de junio de 2026 en un sector de bosque nativo y pastizales ubicado en inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque. Ambos focos ígneos afectaron el inmueble de Finca El Monte S.A. y demandaron la intervención de Bomberos Voluntarios, Brigadistas Forestales, efectivos de la Policía de la Provincia y vecinos, quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar su propagación.
La investigación permitió reunir distintos elementos de convicción —entre ellos denuncias, testimonios, informes policiales, relevamientos del lugar, registros audiovisuales, análisis de telefonía celular, georreferenciación de dispositivos móviles e individualización del vehículo utilizado habitualmente por el sospechoso— que derivaron en la imputación de un hombre de 32 años como presunto autor de dos hechos de incendio doloso, en concurso real.
Al fundamentar la medida cautelar, la fiscal Rojas sostuvo que existía riesgo de que, durante el desarrollo de la investigación, se realizaran actos materiales o jurídicos que modificaran el estado del inmueble y comprometieran la aplicación del régimen de protección ambiental previsto para superficies afectadas por incendios. La jueza María Virginia Toranzos compartió esos argumentos, consideró acreditados la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y entendió que la prohibición de innovar constituye una medida idónea, razonable y necesaria para preservar el ambiente y evitar situaciones de difícil reversión mientras se resuelve el fondo de la causa.
