La Justicia Federal avanzó con una nueva medida en el marco del amparo presentado hace un año para exigir al Estado nacional obras de mantenimiento y reparación sobre la ruta nacional 34. La jueza federal ordenó solicitar a organismos de seguridad, entre ellos la Policía de Salta, un informe detallado sobre los siniestros viales ocurridos en los aproximadamente 200 kilómetros comprendidos entre Urundel y Salvador Mazza.
La presentación judicial fue impulsada en 2025 por el exsenador nacional Sergio Leavy y alrededor de 30 vecinos de Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza. El planteo apunta contra la Dirección Nacional de Vialidad y reclama que se destinen al mantenimiento del corredor los recursos previstos por la normativa vinculada al impuesto a los combustibles.
Los demandantes sostienen que el tramo norte de la ruta 34 atraviesa uno de sus peores estados desde su inauguración, en la década de 1970. También advierten que la situación se agravó desde diciembre de 2023, luego de la discontinuidad de distintos programas de mantenimiento de rutas nacionales. El deterioro afecta a automovilistas, transportistas de cargas y empresas de pasajeros que utilizan diariamente este corredor, estratégico para la comunicación del norte de Salta con la frontera con Bolivia.
El viernes pasado, Leavy y algunos de los vecinos que acompañan el amparo se presentaron en dependencias de la Unidad Regional 4 de la Policía de Salta para entregar el requerimiento dispuesto por la jueza federal. El objetivo es contar con información oficial sobre la cantidad y características de los siniestros viales registrados en el sector comprendido por la demanda.
Leavy cuestionó además el nivel de inversión nacional destinado a la conservación de las rutas. "Solo en el año 2025 el ítem de la ley de combustibles que establece un porcentaje para mantenimiento de rutas fue de 88 mil millones de pesos y solo se invirtieron 14 mil millones. Así se explica por qué la gente, cuando sale a una ruta nacional, no sabe si vuelve con vida o al menos con su vehículo destrozado", dijo.
El abogado salteño Facundo Maciel, representante de los demandantes, explicó que el expediente, identificado con el número 9162/2025, se encuentra actualmente en etapa de producción de pruebas. "Llevamos prácticamente un año desde que se inició esta causa, pero a los fines prácticos el peligro para quien transita ese tramo de la ruta sigue existiendo y, por lógica, se va agravando como consecuencia de la falta de inversiones", señaló.
Maciel precisó que, dentro de esa instancia, la jueza ordenó librar un oficio a la Policía de Salta para conocer los datos de siniestralidad registrados en el tramo alcanzado por el amparo.
El abogado recordó además que, luego de la presentación judicial, la magistrada dictó una medida cautelar que ordenaba reparar la ruta. Vialidad Nacional apeló esa resolución, pero la Cámara Federal rechazó el planteo, por lo que la cautelar continúa vigente.
Según Maciel, a comienzos de este año Vialidad presentó un informe sobre el avance de distintos trabajos, pero no especificó dónde.
