En audiencia de formalización de la investigación penal, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) imputó provisionalmente a Héctor Raúl Vargas, exintendente de San Carlos, como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (tres hechos) y falsedad ideológica de documento público (dos hechos), todo en concurso real.
Durante la audiencia, el acusado fue asistido por un abogado particular e hizo uso de su derecho a no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía.
La investigación de la UDEC se inició a partir de denuncias realizadas entre 2023 y 2024, vinculadas con la administración de fondos públicos durante la gestión de Vargas al frente de la Municipalidad de San Carlos. La primera de ellas fue radicada en mayo de 2023 por un concejal de esa localidad, que denunció que, en julio de 2021, Vargas adquirió a nombre de la Municipalidad, por $15 millones, un inmueble de tres hectáreas y 1.500 metros cuadrados, perteneciente a la matrícula 2608, sin contar con autorización del Concejo Deliberante. Señaló que, pese a los sucesivos pedidos de informes, la documentación relacionada con la operación fue remitida recién en abril de 2023.
De acuerdo con el análisis realizado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), por la venta de los lotes ingresaron $16.883.100, de los cuales se utilizaron $15 millones para cancelar la compra del inmueble. Los peritos no encontraron registros que permitan determinar el destino de los $1.883.100 restantes. La investigación también estableció que la compra se habría realizado sin cumplir con el régimen de contrataciones y sin registrar todas las etapas presupuestarias correspondientes.
Respecto de la posterior venta de los lotes, se determinó que no se contó con la autorización exigida al Concejo Deliberante y que la Municipalidad no aportó los legajos individuales de los adquirentes ni un acto administrativo que estableciera los requisitos para su selección, evaluación y adjudicación.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó provisionalmente a Vargas por dos hechos de falsedad ideológica de documento público.
En dos resoluciones municipales firmadas por el exintendente se consignó que el loteo contaba con matrículas individuales, planos de calles, ochavas, espacios verdes e institucionales, aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Social y servicios o factibilidad para su provisión. Sin embargo, durante una inspección ocular, los investigadores observaron que el terreno se encontraba vacío, con una delimitación precaria de los lotes mediante palos y sin servicios de agua, luz ni cloacas.
Los informes requeridos a distintos organismos tampoco permitieron corroborar lo consignado en las resoluciones. Se estableció, entre otros, que una solicitud de factibilidad presentada ante EDESA había sido anulada por vencimiento del plazo; que no existían antecedentes de aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental y Social; y que tampoco se había presentado ante el COPAIPA un proyecto correspondiente al loteo.
Por otra parte, el 5 de diciembre de 2023 ingresó otra denuncia en contra del exintendente en la que se cuestionó el destino de fondos otorgados por Nación para un proyecto productivo destinado a 20 familias del paraje San Rafael. La documentación incorporada permitió establecer que la Municipalidad había recibido $9.482.369,75 en aportes no reintegrables, en el marco del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL), destinados a agricultores familiares de esa zona.
Según el análisis realizado, no fue posible reconstruir el destino de ese dinero, ya que no se encontraron órdenes de pago ni comprobantes que permitieran establecer cómo fueron utilizados los fondos. Además, el organismo nacional correspondiente informó que no constaban registros de una rendición de cuentas.
El 25 de marzo de 2024, María del Carmen Vargas, ya como intendenta de San Carlos, denunció que, al asumir en diciembre de 2023, no encontró en las cuentas bancarias ni en Tesorería el dinero correspondiente al loteo y que el terreno no contaba con luz, agua ni plano de organización. También aportó documentación vinculada con el proyecto productivo de San Rafael.
A partir del análisis de la documentación bancaria incorporada durante la investigación, surgió otro de los hechos por los que Vargas fue imputado.
El Gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó que, en 18 oportunidades, el entonces intendente emitió cheques de pago diferido y retiró fondos de una cuenta corriente de la Municipalidad en distintas sucursales del Banco Macro, por un total de $64.449.000.
En todos los casos, como beneficiaria figuraba la propia Municipalidad de San Carlos. Sin embargo, desde la comuna informaron que no existe documentación respaldatoria que permita determinar el destino de esos retiros.
