Mientras el Gobierno retoma su batalla para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el argumento de que representan un gasto innecesario de la política, un informe revela que en 2025, sin primarias, el gasto público electoral bajó solo un 3% respecto de 2021, cuando se realizaron PASO y elecciones generales.
El costo de las primarias es uno de los principales argumentos que esgrime el Gobierno para eliminarlas definitivamente en 2027, cuando el presidente Javier Milei buscará la reelección.
“Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de US$200 millones para los argentinos”, afirmó el entonces ministro del Interior, Diego Santilli.
Sin embargo, los datos del informe de Éforo, titulado Políticas electorales en Argentina: informe ciudadano, ponen en discusión esa estimación. Según el estudio, pese a haber eliminado una de las dos jornadas electorales, el gasto total de 2025 fue $14.478 millones menor que el de las legislativas de 2021. Es decir, 3%.
La diferencia equivale a unos US$9,5 millones, lejos de los US$200 millones que, según Santilli, el Estado ahorraría sin primarias.
Es que hay un gasto que absorbió el ahorro de la supresión de una instancia electoral: los costos de la logística a cargo del Correo Argentino, que alcanzaron un récord. Durante la última elección supusieron $225 mil millones, equivalentes al 48% de todo el gasto dedicado a los comicios de ese año, pese a que hubo una sola jornada de votación.
Los datos del informe provienen del Ministerio de Economía (a través de Presupuesto Abierto y el Presupuesto Nacional), del Ministerio del Interior y del Indec (mediante las Cuentas Nacionales y el Índice de Precios al Consumidor).
La comparación de la elección de 2025 se realiza contra 2021 porque ambas fueron elecciones legislativas de medio término. En 2023, en cambio, se eligió presidente.
La principal explicación está en la logística. Según Éforo, el servicio de distribución y despliegue prestado por el Correo Argentino demandó $225.000 millones en 2025, el valor más alto desde 2007.
La última jornada de votación tuvo un costo logístico incluso superior al promedio registrado en años de elecciones presidenciales con segunda vuelta.
Según el informe, ese costo absorbió el ahorro en otros ítems, como los aportes estatales para la impresión de boletas −también por la implementación de la Boleta Única Papel (BUP)−, los gastos de seguridad del Comando General Electoral y los aportes extraordinarios para las campañas políticas.
El estudio sostiene que “el costo de la política electoral argentina muestra una fuerte rigidez a la baja”. En otras palabras, dice que una parte importante de los gastos que se fueron incorporando al sistema desde la implementación de las PASO, en 2011, permaneció incluso cuando las primarias fueron suspendidas.
“La sanción de la Ley 26.571 a fines de 2009 generó un salto de nivel permanente en el costo de los años electorales”, señala el informe.
Para dimensionar esa tendencia, Éforo retrocede hasta 2009, la última elección legislativa nacional organizada antes de la implementación de las PASO. Ese año, el gasto electoral total fue equivalente a $297.000 millones a precios constantes de 2025.
En las legislativas de 2025, el Estado gastó $468.000 millones, equivalentes al 0,05% del PBI. Es decir, aun con una única jornada electoral, los comicios del año pasado resultaron 58% más costosos en términos reales que los de 2009.
Ante este escenario, la vicepresidenta de la Fundación Éforo, Carla Pitiot (exdiputada nacional del Frente Renovador), reclamó una mayor apertura de los datos públicos.
“Transparentar la composición de estos gastos es una condición necesaria para que la ciudadanía pueda evaluar tanto la eficiencia del sistema electoral como la equidad de la competencia política”, sostuvo.
El informe advierte que bajo grandes partidas se agrupan gastos de naturaleza muy diferente, algo que dificulta conocer con precisión cuánto se destina a cada componente del sistema electoral.
Mientras creció el peso de la logística dentro del presupuesto electoral, se redujo fuertemente el financiamiento ordinario destinado a los partidos políticos.
El Fondo Partidario Permanente −la herramienta con la que el Estado financia el funcionamiento institucional y la capacitación de los partidos fuera de los períodos electorales− sufrió una fuerte licuación en términos reales.
Después de alcanzar un pico equivalente a $35.000 millones en 2015, cayó a $402 millones en 2025, con una proyección de $354 millones para 2026. Actualmente, representa menos del 0,1% del gasto total destinado a la política electoral.
El dato cobra relevancia frente a la reforma electoral que el Gobierno impulsa y permanece en el Senado. El Gobierno propone mantener este fondo, pero elimina los aportes públicos extraordinarios para las campañas y abre la puerta a un mayor financiamiento privado, con un tope del 35% por aportante.
