El auxiliar fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Pablo Nieva, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de investigación penal preparatoria en la que se imputó a cinco personas por el delito de encubrimiento por receptación dolosa agravado por actuar con ánimo de lucro, en el marco de una causa por estafas vinculadas a inversiones y alquiler de vehículos.
Durante la audiencia, los imputados fueron asistidos por abogados pertenecientes al mismo estudio jurídico y, luego de conocer la imputación formulada en su contra, se abstuvieron de declarar y de contestar preguntas de la Fiscalía.
La investigación se inició a partir de denuncias por maniobras vinculadas a inversiones en la adquisición y alquiler de vehículos. Los damnificados manifestaron haber entregado importantes sumas de dinero o bienes para la compra de automóviles que serían incorporados a la flota de FIT Rent a Car y destinados al alquiler. A cambio, recibirían rentas mensuales en dólares y recuperarían posteriormente el capital invertido.
En la causa ya se encuentran imputadas tres personas: una como autor de cinco hechos de estafa y otras dos como partícipes necesarios. El principal investigado fue detenido en agosto pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de distintas medidas realizadas por UDEC, y posteriormente trasladado a Salta, donde se le dictó la prisión preventiva.
Al avanzar con la investigación y analizar el destino de los vehículos, personal de la Unidad Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales detectó que once de los automóviles involucrados en las operaciones denunciadas habían sido transferidos a cinco personas. Además, se analizaron los legajos registrales de los vehículos, formularios 08, informes de dominio y documentación vinculada a las transferencias, y la información económica y financiera suministrada por organismos oficiales.
El Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) analizó la situación patrimonial, bancaria y tributaria de quienes figuraban como nuevos titulares de los automotores, detectando inconsistencias entre la capacidad económica de los compradores y el valor de los vehículos registrados a su nombre. Entre los casos analizados se encontraron personas sin actividad económica registrada o con ingresos que no resultarían compatibles con la adquisición de varios automóviles. Uno de los compradores, por ejemplo, registraba únicamente ingresos provenientes de una jubilación y movimientos bancarios que no guardarían relación con la compra de tres vehículos.
También se determinó que tres de los imputados estaban vinculados a una concesionaria de automotores y que distintas transferencias habían registrado un mismo correo electrónico como medio de contacto ante los registros correspondientes. Asimismo, los cinco investigados no presentaron documentación suficiente para acreditar las operaciones de compraventa, los pagos efectuados ni la cancelación de las prendas que pesaban sobre algunos de los rodados.
Para este martes 8 de septiembre, se encuentra citado nuevamente el principal investigado por las estafas, en el marco de una audiencia de ampliación de la formalización de la investigación.
