La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales María Luján Sodero Calvet, Pablo Paz y Daniel Espilocín, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que el Tribunal rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por las defensas de los policías acusados de apremios ilegales en actuaciones vinculadas con la investigación de los homicidios de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.
El Tribunal, presidido por el juez Leonardo Fearns e integrado además por el juez Eduardo Sangari y la jueza Gabriela González, resolvió no hacer lugar al planteo de insubsistencia de la acción penal por afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y dispuso que el proceso continúe según su estado.
La decisión fue dada a conocer luego del cuarto intermedio dispuesto en la audiencia anterior, cuando las defensas solicitaron la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de los acusados.
Al fundamentar la resolución, el Tribunal sostuvo que no se configuró una vulneración del derecho de los imputados a ser juzgados dentro de un plazo razonable. Para arribar a esa conclusión analizó la complejidad de la causa, la actividad procesal de las partes y la actuación de los órganos judiciales durante su tramitación.
Los jueces consideraron que, si bien el proceso lleva un tiempo prolongado, esa duración debe evaluarse junto con las características de los hechos investigados y las distintas incidencias producidas durante su desarrollo. En ese sentido, señalaron que las defensas promovieron numerosos recursos y planteos que, aun cuando constituyen el legítimo ejercicio del derecho de defensa, generaron suspensiones y contribuyeron a extender los tiempos del proceso.
El Tribunal señaló además que el expediente mantuvo actividad procesal y destacó que la audiencia actualmente en trámite se produjo por impulso del Ministerio Público Fiscal, que el 29 de mayo de 2026 solicitó avanzar con el proceso hacia el juicio.
La resolución recordó también que un planteo de similares características ya había sido rechazado por el Tribunal el 15 de mayo de 2025 y que esa decisión fue confirmada por el Tribunal de Impugnación el 17 de septiembre de 2025. La cuestión volvió a ser analizada ahora teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde aquel pronunciamiento y que, en esta oportunidad, las defensas de todos los acusados solicitaron su desvinculación definitiva del proceso.
Una vez conocida la decisión, las defensas manifestaron que recurrirán el rechazo del sobreseimiento.
Ante esa situación, el fiscal Daniel Espilocín sostuvo que la decisión de recurrir no impedía continuar con la audiencia y pidió avanzar en ese mismo acto con el tratamiento de la prueba ofrecida por las partes, como paso previo para la realización del juicio oral.
El fiscal señaló que el Ministerio Público Fiscal no desconocía el derecho de los acusados y sus defensas a recurrir, pero sostuvo que ello no debía impedir el avance del proceso, en consonancia con lo recomendado anteriormente por el Tribunal de Impugnación.
El Tribunal entendió, sin embargo, que el recurso anunciado por las defensas tiene efecto suspensivo. Por esa razón, dispuso que primero se tramite y resuelva la impugnación y que, según lo que se decida en esa instancia, se continúe posteriormente con el segundo tramo de la audiencia, destinado al tratamiento de la prueba para el eventual debate oral.
Comparecieron los acusados Martín Alberto Flores Saravia, Rubén Ángel Aguirre, Juan Carlos Paz, Osvaldo René Guanca, Néstor Orlando Chilo, Diego Aguirre Guantay, Rodolfo López, Ricardo Hernán Tabacache, Miguel Bernardino Flores, Dante Eduardo Ceballos, Adrián José Quipilor, Carlos Villagrán Guerrero, Fabio José Litián, Héctor Adrián Vázquez, Rodrigo Emmanuel Bautista y Ferraoti.
También estuvieron presentes, en calidad de damnificados, Gustavo Orlando Lasi, Francisco Ariel Tejada y Daniel Octavio Vilte Laxi.
Al finalizar, el juez Fearns explicó a los damnificados que el Tribunal había rechazado el sobreseimiento solicitado por las defensas y que, ante la decisión de recurrir, deberá tramitarse esa impugnación. Una vez resuelta, y de acuerdo con lo que decida el tribunal que intervenga, se determinará cómo continuará el proceso.
