El Gobierno nacional vetó hoy una ley para crear un fondo especial de ayuda para Bahía Blanca y Coronel Rosales para apoyar la reconstrucción de esas ciudades bonaerenses, con fuertes críticas a los diputados y senadores ya que sostuvo que asistió en abril con doscientos mil millones de pesos a los damnificados por la inundaciones.
El vocero presidencial, Manuel Adorni aseveró que “casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta”.
La Cámara de Diputados convirtió en ley el pasado 4 de junio un proyecto que declaraba la emergencia en las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales, para crear un fondo por 200 mil millones pesos, para ayudar a los ciudadanos de esas zonas tras las inundaciones ocurridas el 7 de marzo.
Adorni precisó que el veto a esa ley se debe a que el “1° de abril, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados”
Señaló que también “brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas”.
A través del decreto 424/2025 el Gobierno veto la ley 27.790, que declaraba la emergencia en los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que creaba un fondo especial de $200.000 millones para asistir a los damnificados, con el argumento que ya envió los fondos para la reconstrucción de esas ciudades.
También justificó que en esa ley no se indica “la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán”.
El Senado votó el pasado 7 de mayo un proyecto de los senadores k Juliana Di Tullio y Eduardo Wado de Pedro y del radical Maximiliano Abad con el respaldo de 68 senadores, con lo cual superó ampliamente los dos tercios por si el Congreso decide insistir con su sanción original.
Esa iniciativa fue aprobada en diputados el 4 de junio por 153 votos contra 32 negativos de la LLA, con lo cual también superó ampliamente los dos tercios.
