El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín hizo lugar este jueves a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional y frenó el cierre de ese organismo.
De esta manera el Gobierno de Javier Milei no podrá avanzar sobre Vialidad Nacional hasta tanto se pronuncie sobre el fondo de la cuestión un juez que determine la constitucionalidad o no del decreto de Milei y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicado hace dos semanas en el Boletín Oficial.
El nuevo revés judicial contra el plan de desguace del Estado en el que avanza el gobierno libertario se da luego de la aceptación de la Justicia a interponer una medida cautelar reclamada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina).
La aceptación del amparo fue confirmada por la secretaria general de Sevina, Emiliana Mcnamara, quien indicó que a partir de ahora rige una medida de no innovar por la cual “por ahora no podrían avanzar contra la disolución de Vialidad”.
“Vialidad tiene una creación a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma”, explicó la dirigente a Canal Abierto.
Por este motivo, agregó, sobre Vialidad Nacional no tiene efecto lo que establece la Ley Bases, que es la legislación sobre la cual el Gobierno apoyó su decisión de cerrar ese organismo. “Esto es inconstitucional”, sentenció.
Así, el organismo encargado de planificar y ejecutar obras viales debería seguir existiendo como tal, hasta tanto un juzgado resuelva la cuestión de fondo, que es la legalidad del cierre orquestado por Sturzenegger.
Mcnamara destacó además que el objetivo es “mantener Vialidad Nacional, porque es el ente que se tiene que encargar de cuidar las rutas nacionales”.
La presentación de Sevina no fue la única que recibió la Justicia en contra del cierre de Vialidad. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) había presentado también una acción de amparo contra la disolución de ese organismo, así como también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
