En pleno escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y mientras desde el Gobierno denuncian una "operación de inteligencia ilegal", la Justicia Federal dictó una medida que ordena el cese inmediato de la difusión de los audios grabados en los que aparece Karina Milei, aunque sería reproducidos este martes.
"El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral", escribió el vocero presidencial este lunes en su cuenta de X.
En tanto, la Justicia ordenó el cese de la difusión de estos audios de Karina Milei, junto a una serie de medidas que parecen atentar contra la libre expresión.
En este marco, el periodista uruguayo Eduardo Preve anunció que este martes difundirá los audios de Karina Milei ''grabados ilegalmente'' en la Casa Rosada. Será desde las 9:30 horas, en su columna La Tapadita del programa Nada que perder por M24.
Preve tituló el caso como "Audigate Argentina", y anunció: "En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios en La Tapadita".
Grupo Indalo repudió el intento de censura del gobierno de Javier Milei: el comunicado
Luego de que Patricia Bullrich hiciera una denuncia por violación a la Ley de Inteligencia Nacional por la difusión de audios donde se escucha a Karina Milei -hermana del presidente Javier Milei y secretaria de Presidencia- y pidiera el allanamiento a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, Grupo Indalo lanzó un contundente comunicado expresando su repudio al accionar totalitario del Gobierno.
El texto señala lo siguiente: "Indalo Media repudia el intento del Gobierno Nacional de limitar la tarea del periodismo independiente a través de acciones judiciales que buscan censurar la publicación de información. Las últimas acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo destinadas a censurar la difusión de material audiovisual que podría estar vinculado a un accionar ilícito de funcionarios y exfuncionarios implica una afectación directa al derecho a la información de la ciudadanía", indicaron.
