En el marco de una investigación por usurpación y amenazas, el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, solicitó la medida judicial que permitió el desalojo y la restitución de un inmueble de siete hectáreas, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1 del Distrito Judicial del Norte – Tartagal.
Policiales / Judiciales16 de diciembre de 2025
El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, en el marco de una causa por usurpación y amenazas, solicitó la medida judicial que derivó en el desalojo y restitución de un inmueble, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1 del Distrito Judicial del Norte – Tartagal.
La resolución fue dictada por el juez Héctor Fernando Mariscal Astigueta y se ejecutó en un predio ubicado en el barrio Ferroviario, zona oeste de la Finca Sauzal del Itaguazú, con una superficie aproximada de siete hectáreas, correspondiente a los lotes N° 3 y 4, restituyéndose el bien a su titular registral.
De acuerdo a la investigación, en el lugar se encontraban alrededor de 120 personas, quienes manifestaron integrar aproximadamente 80 familias.
El procedimiento se inició a las seis de la mañana, con intervención de la Policía de la Provincia, que dio lectura a la orden judicial y avanzó en el despeje del predio sin registrarse incidentes, ya que una parte significativa de los ocupantes se retiró de manera voluntaria, desmontando estructuras precarias y trasladando sus pertenencias con medios propios y con el apoyo logístico de la Municipalidad de Salvador Mazza.
En la ejecución de las medidas, se dio intervención previa a organismos de protección de derechos, como el área de Bienestar Social municipal, la Asesoría de Incapaces y otros organismos competentes, en cumplimiento del principio del interés superior del niño, conforme la normativa vigente y los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.
El operativo contó además con la colaboración de bomberos voluntarios y personal municipal, y finalizó cerca del mediodía, sin que se registraran personas lesionadas ni hechos de violencia.
Por disposición del fiscal Cazón, se implantó una consigna policial fija en el lugar, a fin de resguardar el inmueble hasta que el propietario concrete su cierre definitivo y prevenir nuevas ocupaciones.
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