Una denuncia penal presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación RESET Republicano, apunta contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior de la Cancillería, María Cristina Dellepiane; el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; y el director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
La presentación también pide que se analice la conducta de María Josefina Rouillet, esposa del ministro, quien se desempeña como directiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa.
La adjudicación bajo sospecha
El eje de la denuncia es la Disposición 21/2026 de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, fechada el 19 de enero de 2026, que adjudicó a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa la contratación directa por especialidad N° 26-0033-CDI25 por un total de $114.044.133, con opción a prórroga, para brindar capacitación en inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025-2027.
Según surge del propio acto administrativo, en la “Declaración Jurada de Intereses” prevista por el Decreto 202/2017 se detectó “un vínculo positivo” entre Rouillet y el ministro Sturzenegger.
A partir de ello, según se consignó, “se aplicaron los trámites y procedimientos previstos para estos casos en el Artículo 4° del Decreto N° 202/17”, comunicando la situación a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación, y sugiriendo la suscripción de un pacto de integridad.
Además, la disposición sostiene que la Dirección Nacional de Ética Pública dictaminó que “se han cumplido las previsiones establecidas en el Decreto N° 202/17”.
La omisión que denuncian
El punto central de la acusación es que, pese a lo afirmado en la disposición, no existiría constancia pública en el sitio web de la Oficina Anticorrupción sobre la publicación obligatoria del caso, tal como exige el artículo 4°, inciso b, del Decreto 202/2017 cuando hay vínculos entre funcionarios con poder de decisión y personas o entidades contratadas por el Estado.
Los denunciantes aseguran que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, “no hay publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada de intereses” correspondiente a la vinculación entre Rouillet y Sturzenegger.
En ese marco, sostienen que se habría omitido “una publicación relativa a un procedimiento obligatorio de transparencia, impidiendo el conocimiento público de posibles riesgos de interés”. Esa omisión —afirman— sería atribuible al titular de la OA, Alejandro Melik, y al director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi.
También cuestionan que se haya adjudicado y aprobado la contratación “existiendo un vínculo con un funcionario con rango de ministro, incumpliendo un requisito de transparencia y publicidad clave”, decisión que atribuyen a Dellepiane.
Posibles delitos
La denuncia encuadra los hechos, en principio, en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona al funcionario público que no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento le incumbe, y en el artículo 265, referido a negociaciones incompatibles con la función pública.
En relación con esta última figura, citan jurisprudencia que describe la conducta como el “interesarse en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”, y advierten sobre el llamado “desdoblamiento del agente”, cuando el funcionario actúa simultáneamente como representante del Estado y como particular interesado.
“Queda claro, en consecuencia, que en su carácter de Ministro, el denunciado Sturzenegger podría haber intervenido para que la organización empresaria que dirige su esposa fuera contratada”, sostiene el escrito.
Antecedentes y pedido de medidas
La presentación también menciona que durante 2024 habría estado vigente otro contrato con los mismos contratantes y plantea que debería verificarse si Rouillet actualizó su declaración jurada de intereses tras la designación de Sturzenegger como ministro en julio de ese año, tal como exige la normativa.
Entre las medidas de prueba solicitadas, los denunciantes pidieron que se requieran copias de las actuaciones administrativas vinculadas a la contratación y que se realice una pericia técnica para verificar si las publicaciones obligatorias fueron efectivamente incorporadas en la web de la Oficina Anticorrupción y, en su caso, en qué fecha.
En la conclusión, los abogados advierten que la omisión denunciada “excede la mera conculcación del derecho individual a acceder a una información pública relevante” y que podría afectar “la institucionalidad misma de la Nación”, al tratarse —según sostienen— de “privilegios inadmisibles y de una desvergonzada utilización de lo público en beneficio personal”.
