Una investigación de alta complejidad coordinada por la Unidad Fiscal Federal de Salta recaba datos sobre una organización dedicada a la tramitación ilegal de pensiones por invalidez. La maniobra, que combinaba una aceitada estructura de profesionales de la salud con funcionarios, consistía en otorgar de manera sistemática beneficios económicos a personas que no padecían ninguna enfermedad, a cambio de favores electorales.
El caso tuvo su origen en noviembre de 2024 a partir de una denuncia preliminar. Ante la magnitud y la densidad del entramado, en junio de 2025 el fiscal diagramó un equipo especial integrado por miembros de tres fiscalías descentralizadas. Los magistrados libraron las órdenes para que la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Salta" de Gendarmería Nacional llevara adelante las pesquisas y el entrecruzamiento de datos de los beneficiarios del sistema previsional.
De acuerdo con las pruebas recolectadas en la causa, la operatoria ilegal había sido implementada y normalizada por un ex funcionario municipal de una de las localidades del departamento de Anta. El esquema funcionaba mediante "punteros políticos" que reclutaban a familias vulnerables o numerosas de la zona para ofrecerles las pensiones fraudulentas. A cambio de la gestión de estos ingresos fijos, los punteros exigían el voto de los beneficiarios.
Para lograr la aprobación, la red contaba con la participación necesaria de médicos, bioquímicos y enfermeros vinculados con funcionarios de la política. El circuito vicioso se completaba en una mesa de auditoría médica local. Los profesionales de la salud extendían certificados valiéndose de patologías repetidas en los casos investigados: enfermedad de Chagas y las desviaciones graves en la columna vertebral.
La pesquisa determinó que la organización utilizaba laboratorios propios para fraguar resultados y falsificar placas radiográficas. En muchos casos, un mismo estudio médico original era copiado y reutilizado para justificar los expedientes de personas distintas. Incluso, se detectó que funcionarios que no eran médicos firmaban los certificados de discapacidad.
En septiembre del 2025, cuando el juez de Garantías N° 1, ordenó allanamientos simultáneos en clínicas privadas, hospitales públicos y domicilios particulares. Aquellos procedimientos arrojaron evidencias documentales, que determino las primeras imputaciones formales por los delitos de asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El análisis minucioso de los soportes informáticos y la documentación incautada en la primera fase permitió profundizar la hipótesis fiscal y este martes por la tarde se ejecutó una segunda etapa operativa. Por disposición del Juzgado Federal de Garantías N° 2, las fuerzas de seguridad allanaron otros nueve objetivos en las localidades salteñas de Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal.
Los resultados últimos operativos confirmaron el fraude. En una vivienda se descubrió que almacenaban radiografías de tórax y columna. Todas de diferentes personas, el 90 % de esas placas tenían desviación de columna, algunas con un lugar o rotulo en blanco para rellenar el nombre del paciente. Estudios clínicos de laboratorios incautados con resultados positivo de “chagas”, en su mayoría copias de otros estudios que no originales.
Tras la finalización de los operativos, las autoridades judiciales confirmaron la Justicia evalúa las nuevas pruebas recolectadas con el objetivo de formalizar la imputación de otras ocho personas en los próximos días, entre los que se encuentran tres médicos y nuevos funcionarios políticos de la provincia.
