La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representada por el secretario letrado Walter Inda, arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Patricia Jimena Vidaurre, quien reconoció su responsabilidad penal como autora del delito de estafas reiteradas (48 hechos), en concurso real.
El acuerdo se alcanzó durante una audiencia de revisión de prisión preventiva, en la que la Fiscalía expuso la calificación legal, la pena convenida y los elementos de prueba reunidos durante la investigación. Tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la conformidad de la acusada y de las querellas, el juez Nicolás Rodríguez Pipino homologó el acuerdo.
Vidaurre fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional y al pago de $35.000.000 en concepto de compensación económica a las víctimas, suma que deberá abonar en nueve cuotas. Además, el juez dispuso el embargo de un inmueble de la condenada hasta la cancelación total del monto acordado.
También le impuso reglas de conducta por el término de tres años, entre ellas fijar domicilio y mantenerlo actualizado, abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar del consumo de alcohol, no cometer nuevos delitos y realizar semanalmente tareas de limpieza en la dependencia policial más cercana a su domicilio. Finalmente, ordenó su inmediata libertad.
La investigación de la UDEC se inició en agosto de 2025 a partir de denuncias de personas que habían entregado dinero a “Inversiones Alyson” bajo la promesa de obtener rendimientos semanales de entre el 40 % y el 60 % sobre el capital aportado.
Las operaciones se coordinaban principalmente mediante grupos de WhatsApp y el dinero era entregado en forma presencial o a través de transferencias. Inicialmente se cumplían los pagos prometidos, lo que generaba confianza y llevaba a los inversores a incrementar los montos y sumar nuevos interesados. Posteriormente, los pagos comenzaron a demorarse hasta interrumpirse, al igual que las comunicaciones con quienes reclamaban la devolución de su dinero.
A partir de las denuncias, la UDEC dispuso distintas medidas para determinar el alcance de la maniobra. El 28 de agosto de 2025, Vidaurre fue detenida junto a su pareja y al hijo de este, respecto de los cuales el proceso continúa. Al día siguiente se realizaron allanamientos en Salta Capital y Rosario de Lerma, donde se secuestró documentación de interés para la investigación. A requerimiento de la Fiscalía, también se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a la condenada.
Con el avance de la investigación se incorporaron nuevas denuncias, comprobantes de transferencias, capturas de conversaciones y documentación de “Préstamos e Inversiones Alyson”. También se solicitaron informes a entidades bancarias y financieras vinculadas con las cuentas utilizadas para recibir el dinero y se tomaron declaraciones testimoniales a los damnificados.
Las pruebas reunidas y la incorporación de nuevas denuncias permitieron ampliar la imputación inicial, que comprendía 32 hechos, hasta alcanzar los 48 hechos de estafa por los que Vidaurre reconoció su responsabilidad penal.
