La Justicia Federal volvió a emitir un severo fallo contra el Poder Ejecutivo Nacional al otorgarle un plazo perentorio e improrrogable de cinco días hábiles para poner en marcha lo dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución fue adoptada por el juez Martín Cormick, quien advirtió formalmente a las autoridades del Gobierno nacional que, en caso de no acatar la orden en el tiempo fijado, se aplicarán sanciones económicas diarias contra los funcionarios responsables.
La medida cautelar dictada por el tribunal exige el cumplimiento total e inmediato de los artículos 5 y 6 de la legislación vigente, los cuales disponen la recomposición integral de los salarios docentes y no docentes, así como la actualización de los montos destinados a las becas estudiantiles.
En el texto procesal, el magistrado dejó expresamente asentado el uso de astreintes o multas pecuniarias por cada jornada de demora en la ejecución de las partidas presupuestarias.
La decisión judicial se produce en un escenario de extrema tensión presupuestaria entre el Ministerio de Economía y las casas de altos estudios.
Mientras los rectores universitarios y las representaciones sindicales reclaman un atraso en la recomposición salarial que alcanza el 31,2%, la última propuesta del Poder Ejecutivo en la negociación paritaria se limitó a un ofrecimiento de tan solo el 3% de incremento, cifra rechazada de forma unánime por los gremios.
Frente a la dilación oficial en la transferencia de los fondos, la comunidad universitaria junto a los sindicatos docentes y no docentes ratificaron la profundización del plan de lucha en todo el país.
Como parte de las protestas, se convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre, medida que estará acompañada por paros escalonados y protestas activas en las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires y del resto de las provincias.
Las organizaciones gremiales adelantaron que intensificarán las medidas de fuerza en las inmediaciones del Palacio de Tribunales para respaldar las actuaciones de la Justicia y exigir la restitución definitiva de las partidas adeudadas.
De esta forma, la resolución del juez Cormick marca un hito clave en el conflicto, obligando al Estado nacional a hacer efectivas las erogaciones previstas por la ley para evitar un perjuicio económico directo en sus arcas.
