Juicio a la red narcocriminal carcelaria: testigo admitió dar propinas por la protección de su hermano

En la octava jornada de la audiencia de debate contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1, la actividad inició con el testimonio de dos peritos especializados en trabajo social.

Los profesionales —uno del Ministerio Público Fiscal y otro del Poder Judicial— elaboraron informes que describieron la situación sociofamiliar, laboral y educativa de varios imputados, así como sus condiciones de vida previas a la detención. Explicaron que el análisis incluyó antecedentes de crianza, redes de apoyo, vínculos comunitarios y posibles consumos problemáticos, con el fin de aportar al Tribunal un panorama integral sobre el contexto personal de cada uno.

En tercer lugar declaró el hermano de Lautaro Teruel, interno de la UC 1, mencionado por un testigo como una de las personas que habría obtenido beneficios a cambio de dinero. Relató que, debido a la notoriedad de su padre y a la exposición mediática del juicio, su familia recibió múltiples amenazas en su casa, en la vía pública y por redes sociales.

Afirmó que a su hermano le advertían que “lo iban a violar” y que, ante esa situación, decidió pedir ayuda a Baldomero Darío Córdoba, amigo suyo desde hace veinte años, quien también tiene un hermano alojado en el penal. Consultado sobre por qué no denunció las amenazas, respondió que la causa de su hermano fue “arbitraria” y que no confiaba en la justicia. Según su testimonio, tras recurrir a su amigo cesaron las agresiones y su hermano estuvo a salvo, por lo que consideró que la “protección” funcionó y que, de estar en la misma situación, volvería a actuar igual.

En su declaración admitió que le entregó a Córdoba dinero en efectivo en dos oportunidades y realizó una transferencia bancaria, a modo de «agradecimiento» por proteger a su hermano. «Como una propina que uno da en un lugar cuando te atienden bien», manifestó. Además, dijo suponer que el dinero llegó al funcionario del Servicio Penitenciario. “Estas personas nos ayudaron. Estamos agradecidos”, afirmó.

Agregó que no tenía contacto directo con el guardiacárcel, aunque sabía que lo apodaban “Chato”, y que muchas veces recibía de él información sobre el estado de su hermano o la llegada de insumos médicos que la familia enviaba.

Al finalizar este testimonio, la Unidad Fiscal —integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— anunció que reservaba la posibilidad de ampliar la imputación por el delito de cohecho.

Luego, los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar dispusieron que los acusados fueran retirados de la sala para que prestara declaración un exinterno de la UC 1. Desde el inicio, este manifestó sentir gran temor por su vida y relató que días atrás dos hombres se presentaron en su vivienda, se identificaron como miembros de la Brigada y dijeron venir de parte de la fiscal Salinas Odorisio, con la intención de llevarlo. Señaló que logró ocultarse y posteriormente radicó la denuncia correspondiente.

Explicó que cumplió una condena de cuatro años en los pabellones A1 y A2, donde convivió con el “Gordo” Méndez, a quien señaló como uno de los que comercializa drogas. Debido a su adicción, contrajo deudas que no pudo pagar, por lo que fue agredido y amenazado de muerte. Al no recibir ayuda de su familia, recurrió a su hermano. Indicó que, a cambio de perdonarle la deuda, Méndez le impuso que su hermano —uno de los acusados en la presente causa— debía cumplir sus órdenes, entre ellas llevar algo a la casa de su madre.

Durante más de una hora, el testigo describió numerosas vejaciones y humillaciones sufridas mientras estuvo detenido en el penal de Villa Las Rosas. Mencionó que, antes de acudir a su hermano, fue agredido de tal forma que pasó una semana internado en el hospital San Bernardo y que, al regresar a su celda, no podía moverse por los dolores.

También detalló cómo se obtienen beneficios, el ingreso de sustancias estupefacientes e identificó a miembros del Servicio Penitenciario involucrados. Al finalizar su declaración, el Tribunal dispuso asignarle una consigna permanente.

La jornada continuó por la tarde con el testimonio de otros seis testigos: otro exinterno y cinco familiares de detenidos, quienes admitieron haber realizado transferencias de dinero a Moya por pedido de los internos. Tras ello, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.

MPFS