A pesar del contundente rechazo que el Congreso le dio a su veto, el presidente Javier Milei está decidido a sostener su férreo ajuste sobre el área de Discapacidad. En ese camino al gobierno libertario no le quedó otra opción más que promulgar este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad pero lo hizo con un condicionante de modo de postergar, de manera indefinida, su aplicación. En síntesis, Milei busca convertir a la ley en letra muerta.
Así quedó plasmado en el Decreto 681/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; de su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del muy cuestionado ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
La ley sancionada en el Congreso de la Nación y defendida por una mayoría abrumadora en ambas cámaras tras el veto presidencial declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca garantizar los fondos necesarios para que el sistema, hoy en peligro, siga funcionando. También incluye la posibilidad de prórroga por un año más.
Milei promulgó la norma pero suspendió su aplicación hasta tanto el Congreso especifique las fuentes de financiamiento. "Comuníquese al H. Congreso de la Nación, en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley que por el presente acto se promulga", señala el artículo 2 del Decreto.
Desde la Casa Rosada advirtieron que la implementación total de la ley demandaría más de 3 billones de pesos, lo que equivale al 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI), sin contar el posible aumento de beneficiarios ni la ampliación del Programa Incluir Salud.
Entre las principales medidas que incluye la Ley N° 27.793 se destacan:
