Este viernes, el Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención.
El foco del debate está puesto ahora en la votación en particular, aunque ya fue aprobado el artículo 30, con el cual el gobierno de Javier Milei apuesta a pasar, una vez más, la motosierra en sectores muy sensibles para el desarrollo del país como Educación y Ciencia.
Con ese polémico artículo el gobierno libertario deroga leyes que garantizan mínimos obligatorios de inversión en Educación y Ciencia y Tecnología. Pese a la avanzada ajustadora del oficialismo en estas áreas, el avance del proyecto no se vio trabajo gracias a la oposición dialoguista.
Qué plantea el artículo 30 del Presupuesto 2026
El texto impulsado por el Milei deja sin efecto disposiciones vigentes que establecen porcentajes del Producto Bruto Interno (PBI) destinados a la educación y al sistema científico. Entre ellas, el piso del 6% del PBI para el financiamiento educativo y la senda de crecimiento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en ciencia y tecnología. La iniciativa también impacta sobre el financiamiento de la educación técnico profesional, un sector que ya venía denunciando recortes y atrasos en la ejecución de fondos.
Desde el Gobierno defendieron el polémico artículo 30 con el argumento de que esos pisos legales no se cumplieron de manera sistemática en años anteriores y que, en un contexto de ajuste fiscal, resultan incompatibles con el objetivo de equilibrio presupuestario. La eliminación de esas obligaciones, sostuvieron, permite mayor flexibilidad en la asignación de recursos y evita compromisos que luego el propio Estado no puede honrar.
Presupuesto de ajuste
La oposición y los actores del sistema educativo leyeron la propuesta en clave opuesta, aunque no lograron imponerse. En este sentido, consideraron que se trataba de una marcha atrás en términos de derechos adquiridos y advirtieron que quitar los mínimos legales deja a la educación, la ciencia y la formación técnica a merced de decisiones coyunturales. Universidades nacionales, gremios docentes y organizaciones del sector científico alertaron que el presupuesto proyectado para 2026 no alcanza para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones.
En el caso de las universidades públicas, el reclamo se centró en la brecha entre los recursos previstos y las necesidades reales para sostener salarios, infraestructura y actividades académicas. En paralelo, el sistema de escuelas técnicas denunció que la eliminación del financiamiento específico implica una reducción drástica de fondos, con impacto directo en talleres, equipamiento y programas de formación.
Sin lugar a dudas, la sesión de este viernes definió el alcance de la política educativa del Gobierno en los próximos años. Más allá de los números, el tratamiento del artículo 30 expuso una discusión de fondo sobre el rol del Estado y las prioridades de largo plazo, en un escenario donde el ajuste fiscal y la inversión en educación vuelven a chocar de frente.
