El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó provisionalmente a una agente policial y un hombre como presuntos coautores de los delitos de estafa y extorsión. A la mujer le atribuyó además el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por su condición de miembro activo de la Policía de Salta y su presunta intervención en la maniobra investigada.
La investigación se inició a partir de la denuncia de una integrante de la Policía que se desempeña en la Subcomisaría San Jorge y pretendía ser trasladada al Departamento Bicipolicías. Según relató, una compañera de trabajo le habría proporcionado el número telefónico de una persona identificada como “Sonia”, a quien habría presentado como vinculada con la Dirección General de Recursos Humanos y con posibilidades de gestionar el cambio de destino.
De acuerdo con la denuncia, a través de ese contacto le habrían solicitado $700.000 para gestionar el traslado, suma que transfirió en dos pagos, de $200.000 y $500.000, a una cuenta bancaria perteneciente al hombre imputado. Al no concretarse el cambio de destino, la mujer decidió desistir del supuesto trámite y entonces le habrían exigido otros $250.000 para cancelarlo.
La denunciante realizó dos nuevas transferencias de $100.000 cada una. Según relató, posteriormente habrían continuado las exigencias de dinero y las advertencias de que la deuda aumentaría si no completaba el pago. Incluso le habrían reclamado el 35% de su sueldo, equivalente a unos $350.000.
Ante esta situación, la mujer realizó averiguaciones sobre el número utilizado para gestionar el supuesto traslado y obtuvo información que habría permitido relacionarlo con la agente policial que inicialmente le había proporcionado el contacto. A partir de allí se radicó la denuncia.
Con esos elementos, desde la Fiscalía se dispuso profundizar la investigación mediante el análisis de comunicaciones, registros digitales, documentación bancaria y movimientos de las cuentas involucradas. La hipótesis fiscal sostiene que la agente habría utilizado un número alternativo y una identidad ficticia para simular que contaba con contactos dentro de la fuerza capaces de gestionar traslados a cambio de dinero.
El análisis bancario permitió además reconstruir el recorrido del dinero. La cuenta utilizada para recibir los pagos pertenecía al otro imputado y, según los informes incorporados a la causa, los fondos recibidos de la denunciante habrían sido posteriormente transferidos a la agente policial. Para la Fiscalía, este movimiento constituye uno de los elementos que vinculan a ambos con la maniobra investigada.
Entre las pruebas reunidas se encuentran comprobantes de transferencias, comunicaciones, registros vinculados con el dispositivo utilizado y documentación sobre las cuentas y movimientos bancarios de los imputados.
Según la hipótesis sostenida por el fiscal Daniel Escalante, cuando la denunciante intentó desistir del traslado habrían comenzado las nuevas exigencias de dinero y las advertencias sobre el incremento de la supuesta deuda, ejerciendo presión para que continuara realizando pagos. Estas circunstancias sustentan la imputación por extorsión, mientras que la acusación por estafa se vincula con el dinero entregado a partir de la promesa de gestionar un traslado que no se concretó.
En el marco de la causa, el pasado 4 de septiembre se realizaron allanamientos en los domicilios vinculados con ambos imputados, autorizados por el juez Antonio Germán Pastrana. De acuerdo con las actuaciones, los procedimientos arrojaron resultados positivos para la investigación.
