Nación se disculpó tras llamar "idiotas" a personas con discapacidad

El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad admitió que fue "un error grave y grosero".

Sociedad29/03/2025
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El Gobierno nacional salió a pedir disculpas luego de que se conociera un documento oficial en el que se utilizaban términos como "idiotas" y "débiles mentales" para referirse a personas con discapacidad.

El escándalo estalló cuando trascendió que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) había publicado un baremo médico con criterios para evaluar la incapacidad laboral.

"Fue un error grave y grosero", reconoció el director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en declaraciones a Radio Rivadavia. El funcionario intentó despegarse del asunto y aseguró que desconocía el contenido exacto del documento hasta que la polémica explotó. 

"Cuando vi los términos pregunté concretamente: ¿Esto qué es? Me dijeron: 'Son términos médicos'. Entendemos que está devaluado, pero son términos médicos", explicó, en una justificación que, a juzgar por las reacciones, convenció a pocos.

Auditorías en las pensiones por invalidez

Spagnuolo aprovechó el momento para recordar que la ANDIS está llevando a cabo una auditoría sobre más de un millón de pensiones por invalidez en todo el país. Según el Gobierno, el sistema está "absolutamente corrompido" y el fraude detectado superaría los 1.000 millones de dólares.

Las irregularidades incluirían pensiones otorgadas sin cumplir requisitos legales, la intervención de gestores y punteros políticos que cobraban sumas exorbitantes para agilizar trámites y, en algunos casos, beneficiarios que simulaban estar internados para recibir prestaciones. 

"No recibimos un sistema informatizado de pensiones, no tenemos información para administrar adecuadamente todo esto. Es enorme", explicó Spagnuolo, justificando la necesidad de auditorías presenciales.

El caso más emblemático se dio en Formosa, donde la naturalización del fraude llegó al punto de que muchos beneficiarios hablaban abiertamente de cómo cobraban pensiones sin cumplir los requisitos. "Estimamos que el fraude es mínimo de 1.000 millones de dólares, mínimo de piso. Y en cierta medida los números que estamos viendo en la auditoría lo estarían ratificando", aseguró Spagnuolo.

BAE Negocios

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